Los falsos rechazos se están consolidando como una fuente relevante de pérdida de ingresos para los emisores de tarjetas. Un análisis de BPC estima que una institución de tamaño medio podría dejar de percibir hasta US$160.000 anuales por intercambio debido al bloqueo incorrecto de operaciones legítimas.
 

El cálculo toma como referencia un emisor que procesa 10 millones de intentos de transacciones con débito por mes. Con una tasa de falsos rechazos evitables de 0,5 puntos porcentuales, el sistema bloquearía unas 50.000 compras legítimas mensuales.
 

Si cada operación tiene un valor promedio de US$30, el volumen no aprobado alcanzaría aproximadamente US$1,5 millones por mes. La pérdida efectiva de ingresos depende de las tasas de intercambio aplicables en cada mercado, por lo que el impacto sería mayor en países como Sudáfrica y Ecuador. En Europa, las pérdidas estimadas son inferiores debido principalmente a los límites regulatorios sobre el intercambio.
 

El problema está asociado, en parte, con plataformas de autorización heredadas que todavía dependen de reglas rígidas para identificar operaciones sospechosas. Estos mecanismos pueden interpretar comportamientos habituales de consumo como señales de fraude, frente a sistemas modernos capaces de evaluar el riesgo en tiempo real y utilizar más información contextual.

La pérdida de intercambio representa solamente el impacto inmediato. Cuando una compra legítima es rechazada, el cliente puede utilizar otra tarjeta y trasladar futuros consumos hacia un emisor diferente. Una investigación de Datos Insights citada por BPC indica que el 78% de las instituciones financieras considera que los pagos fallidos tienen un impacto crítico en la experiencia del cliente. Además, un tercio señala haber perdido entre el 2% y el 5% de sus clientes por este tipo de fallas.
 

BPC plantea que la modernización de las plataformas de autorización puede reducir los falsos positivos y recuperar ingresos sin comprometer la continuidad operativa. Su guía Modernización sin interrupciones analiza cuatro modelos de migración para infraestructuras de pagos: implementación integral, piloto controlado, operación paralela y migración gradual por componentes.
 

Las estimaciones son ilustrativas y se basan en un emisor hipotético, valores promedio de compra y tasas de intercambio disponibles públicamente.