Hasta el momento, ni la autoridad regulatoria ni las empresas involucradas han emitido una confirmación oficial. La posible negativa representa un giro inesperado en una transacción que surgió precisamente en el contexto de las preocupaciones regulatorias sobre la falta de competencia en la infraestructura de pagos mexicana. La operación contemplaba que Visa adquiriera el 51% de Prosa, una de las principales cámaras de compensación del país.
 

El sistema de pagos con tarjeta en México está compuesto por múltiples actores interconectados: los bancos emisores y adquirentes, las redes de tarjetas como Visa y Mastercard, y las cámaras de compensación, que procesan las transacciones. En este último segmento operan Prosa y E-Global, los dos principales procesadores del país.
 

Prosa desempeña un rol central en esta infraestructura. La empresa procesa al menos 10.550 millones de transacciones anuales y concentra aproximadamente el 63% del mercado nacional, consolidándose como un actor clave en la operación diaria de pagos electrónicos en México.
 

Actualmente, Prosa es propiedad de un grupo de bancos que incluye a Banorte, HSBC México, Invex, Santander México, Scotiabank México y Banjército. Por su parte, E-Global pertenece a BBVA y Banamex, tras la reorganización de los negocios de Citi en el país.

El origen de la operación se remonta a las investigaciones iniciadas por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que en 2020 emitió un dictamen preliminar señalando la falta de condiciones de competencia efectiva en el mercado de pagos con tarjeta.

Entre las medidas propuestas, Cofece recomendó la desincorporación de la participación accionaria de los bancos en las cámaras de compensación, con el objetivo de reducir potenciales conflictos de interés y facilitar el ingreso de nuevos competidores. El regulador también identificó barreras estructurales que habían impedido a otros actores prestar servicios de procesamiento, pese a contar con autorización regulatoria.
 

Estas limitaciones, según el organismo, afectaban tanto a consumidores como a comercios al restringir la innovación, elevar costos y frenar el avance de la inclusión financiera.
 

Más allá de los aspectos regulatorios, la estructura accionaria de Prosa habría representado un desafío significativo para concretar la operación. La compañía no responde a un único propietario, sino a un grupo de bancos competidores con intereses estratégicos distintos, lo que complejiza cualquier proceso de venta o cambio de control.
 

Adicionalmente, la eventual transferencia del control de una infraestructura crítica a un actor internacional como Visa habría generado cuestionamientos en torno a la soberanía tecnológica y la independencia operativa del sistema de pagos mexicano.
 

Estas preocupaciones reflejan una tendencia global en la que los países buscan equilibrar la apertura a la inversión extranjera con la preservación del control sobre infraestructuras consideradas estratégicas para el funcionamiento de sus economías.