La normativa establece la adopción de autenticación multifactor para transacciones consideradas de alto riesgo, además de exigir sistemas avanzados de monitoreo y detección de anomalías. El objetivo es fortalecer la seguridad en pagos electrónicos y reducir los riesgos asociados a técnicas como deepfakes, robo de identidad y manipulación biométrica.
 

Según la CMF, el nuevo marco regulatorio toma como referencia estándares internacionales, incluyendo lineamientos similares a los implementados bajo PSD2 en Europa, donde la autenticación reforzada del cliente se convirtió en un requisito clave para el ecosistema financiero digital.

La regulación también incorpora exigencias relacionadas con gobierno corporativo, gestión de riesgos y ciberseguridad, obligando a las entidades a contar con políticas más robustas de prevención y respuesta frente a incidentes.
 

El movimiento de Chile se produce en un contexto regional donde los fraudes digitales continúan creciendo a medida que aumentan los pagos instantáneos, las billeteras digitales y la digitalización financiera. La utilización de inteligencia artificial generativa para falsificar identidades, voces e imágenes comienza a generar preocupación en bancos y procesadores de pago de América Latina.