La disposición instruye a las instituciones del Estado habilitar procedimientos operativos que les permitan realizar por medios digitales la totalidad de sus transacciones de cobro y pago, tales como transferencias electrónicas, pagos con tarjetas de crédito o débito, así como pagos móviles o cualquier otro producto de movilización electrónica de dinero provisto y supervisado por el Sistema Financiero Nacional.

 

“Con la habilitación de estos procedimientos, las instituciones del sector público promoverán la inclusión financiera y la provisión de opciones electrónicas de cobro y pago convenientes para los ciudadanos”, explica la directriz.

 

“Estamos dando un paso fundamental para que los ciudadanos tengan más opciones para hacer sus transacciones con instituciones públicas, que satisfagan sus necesidades de cobro y pago en condiciones más seguras, eficientes y convenientes. Esto es una dimensión importante de nuestra estrategia de impulso al gobierno digital”, explicó el Presidente Alvarado.

El presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero, destacó la importancia de que las instituciones del sector público “digitalicen sus mecanismos de cobro y pago para que los ciudadanos, sobre todo los más desfavorecidos, puedan reducir los costos y riesgos en sus transacciones. Esto va a permitir un aumento en la penetración de los servicios bancarios y en la inclusión financiera, y una reducción en el uso de efectivo en la economía, con ganancias reales para la población”.

 

Ente coordinador. La directriz instruye al Banco Central coordinar, asesorar, acompañar y evaluar los proyectos que formulen las instituciones para la modernización de sus infraestructuras de cobro y pago. Además, deberá presentar un informe semestral de avances al Consejo de Gobierno.

 

Las entidades del sector público deberán presentar al BCCR, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la directriz, un plan de trabajo para la actualización de sus sistemas de cobro y pago, cumpliendo con las buenas prácticas en materia de administración de proyectos.

 

Plazo de ejecución. Las instituciones tendrán un plazo máximo de cinco años para la ejecución en la totalidad de las acciones que determinen la modernización de sus mecanismos de transacciones. Los casos que requieran de una ampliación del plazo deberán ser aprobados por el Banco Central, previa justificación por parte de la institución correspondiente.

 

La directriz se da en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, suscritos por el Estado, en los que se establece como meta “fortalecer la capacidad de las instituciones para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos”.

 

Fuente: El País de Costa Rica