La nueva norma que obliga a todos los comerciantes y monotributistas a operar con tarjeta de débito abre las puertas para que nuevas formas de pago digitales se instalen con fuerza en la sociedad. Especialmente aquellas basadas en M-POS. 
 

Se estima que hay 320.000 de estos dispositivos en circulación y que su uso se intensificará en virtud de la normativa de AFIP. Según datos oficiales, en 2017 se realizaron más de tres millones de transacciones con estas terminales, por un monto superior a $ 6.300 millones. 

 

Además de permitir recibir pagos con tarjeta de crédito y débito, estos dispositivos pueden utilizarse bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI). Esta forma, instrumentada por el BCRA durante 2017, permite pagar con plástico, pero mediante una transferencia instantánea entre la cuenta del comprador y la del vendedor, con una comisión sensiblemente inferior a la que cobran las tarjetas. Por ejemplo, el costo por transacción se sitúa en (0,6%), siendo prácticamente la mitad de lo cobrado en débito (1,1%).
 

Otro de los argumentos a favor de PEI sería la inmediatez de la acreditación del dinero y que el mismo quedaría fuera del alcance de retenciones fiscales por tratarse de una transferencia. No hay que olvidarse que las tarjetas también ofician de agente de retención de impuestos.