La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) de Ecuador aprobó una reforma del marco regulatorio de las operaciones con tarjetas de crédito, débito y prepago, que incorpora nuevas condiciones para adquirentes, agregadores de pago y emisores.
 

Las disposiciones, emitidas el 6 de noviembre de 2026 mediante la Resolución JPRFM-2026-048-T y publicadas en el Registro Oficial el 9 de noviembre, buscan ampliar la participación de proveedores en el ecosistema de pagos y fortalecer la protección de los usuarios.
 

Uno de los principales cambios es la habilitación de la adquirencia no financiera, que permitirá a empresas distintas de las entidades financieras ofrecer servicios de aceptación de tarjetas a los comercios, siempre que cuenten con autorización del Banco Central del Ecuador (BCE).
 

Para desarrollar esta actividad, las empresas deberán acreditar un capital mínimo de USD 500.000.
 

La normativa también establece un capital mínimo de USD 250.000 para los agregadores de pago, proveedores que facilitan la aceptación de pagos mediante soluciones tecnológicas y conexiones con los participantes encargados de procesar las operaciones. Las empresas que ya cuentan con autorización dispondrán de un año para adecuarse a este requisito.

Nuevas condiciones para comercios y emisores
 

La regulación dispone que los establecimientos comerciales, a través de sus adquirentes, acepten tarjetas de diferentes emisores y marcas, con el objetivo de ampliar las alternativas disponibles para los consumidores.
 

Asimismo, establece un plazo máximo de cinco días hábiles para que los adquirentes liquiden a los comercios los importes correspondientes a ventas corrientes realizadas con tarjetas.
 

En materia de seguridad, la reforma incorpora disposiciones relacionadas con la protección de los datos de las tarjetas, la autenticación de operaciones y la prevención del fraude, además de reglas orientadas a mejorar la transparencia y los derechos de los usuarios.
 

La normativa contempla tanto tarjetas físicas como virtuales, en línea con la evolución de los instrumentos de pago y los canales digitales.

La Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Banco Central del Ecuador tendrán un plazo de seis meses para adecuar sus respectivas regulaciones e implementar las disposiciones correspondientes.
 

La reforma representa un cambio relevante para el mercado ecuatoriano de pagos, especialmente por la incorporación de empresas no financieras a la actividad adquirente y la definición de nuevas condiciones de operación para los proveedores de servicios de pago.