Según la propuesta original, debía ser el Banco Central el que regulara las monedas virtuales pero el relator del proyecto, el diputado Expedito Netto (PSD-RO), afirmó que correspondería al Poder Ejecutivo decidir cuál es el organismo competente para regular el mercado de activos virtuales y sus proveedores de servicios.

 

”La agencia reguladora establecerá condiciones y plazos, no menores a seis meses, para el cumplimiento de las reglas del proyecto por parte de los proveedores de servicios de activos virtuales que se encuentren en actividad”, señaló la agencia de noticias de la Cámara de Diputados, según publicaron medios brasileños. 

La propuesta incluye en el Código Penal el delito de “estafa utilizando activos virtuales, valores o activos financieros”, con pena de prisión de cuatro a ocho años, además de multa.

 

Esta semana el FMI llamó a que “la regulación criptográfica global debe ser integral, coherente y coordinada” dado a que “el advenimiento de la criptografía puede acelerar lo que hemos llamado “criptorización”, cuando estos activos reemplazan la moneda nacional y eluden las restricciones cambiarias y las medidas de gestión de la cuenta de capital”.

 

En ese sentido, recomendó que ese marco regulatorio incluya: una regulación sobre los proveedores de servicios de criptoactivos; requisitos para prestadores de servicios y productos para inversiones similares a los de los corredores y agentes de valores y, para los prestadores de servicios y productos para pagos, similares a los de los depósitos bancarios; y, por último, requisitos claros a las instituciones financieras reguladas con respecto a su exposición y compromiso con las criptomonedas.