La pregunta por la regulación estatal en cualquier rubro sigue despertando malestar en el escenario económico local, en un marco donde la defensa del mercado como único regulador de lo económico es lo común.
 

El proyecto que busca establecer la “transparencia y defensa al usuario en la utilización de las tarjetas de créditos”, regularía el este rubro explotado por los bancos y financieras el campo que respecta al modo del manejo de información, el porcentaje de interés, el tipo de relación entre usuario y prestador de usuario, entre otros puntos.
 

“(…) Cometen el delito de usura, quienes cobren por la utilización de tarjetas de crédito tasas de interés compensatorias y punitorias, cuyas tasas efectivas excedan en un treinta por ciento (30%)”, señala el artículo 13 del proyecto. Actualmente la tasa de interés usuraria fijada por el Banco Central es de 54 %.
 

Esto implicaría una intervención directa en la tasa de ganancia en el negocio financiero. Uno de los puntos. En lo que respecta al modo de contrato y el tratamiento del mismo, por ejemplo estarán prohibidas las cláusulas “que faculten al emisor a modificar unilateralmente las condiciones del contrato”.
 

¿Puede el estado regular la tasa de ganancia? ¿En qué otros casos lo hace? ¿Por qué regular el mercado financiero?
 

El estado puede hacerlo, y efectivamente regula la ganancia en los rubros que considera importantes, por citar algunos de cuestión masiva: el transporte y el combustible.
 

En la cuestión particular de la usura, uno de los principios que permitirían la regulación estatal es la protección del consumidor ¿Por qué en este caso? La relación entre el consumidor y el emisor de créditos es asimétrica, en detrimento del que posee menos capital y más necesidad, en este caso, el cliente, quien ante la necesidad vería restringida su libertad de establecer una relación contractual.
 

Otro espacio donde se cumple el mismo principio para intervención del estado en el intercambio libre es la venta de fuerza de trabajo. El trabajador, por su condición material, no tiene condiciones para negociar de manera simétrica un contrato con el empleador, por lo que el estado, a través de la ley, regula las condiciones mínimas para que se dé esa compra de fuerza de trabajo.
 

En el último término, el mercado financiero, como cualquier otro que deje rentabilidad alta, suele estar en la mira de las regulaciones; además podría justificar este paso determinadas prácticas de abusos que eventualmente podrían salir a la luz.
 

Fuente: La Nación, Paraguay