El Banco Central de Reserva (BCR) envió la semana pasada a la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa su anteproyecto de Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, que propone un techo de $242.40 (USD 28 aprox) por cada transacción que se realice con dispositivos móviles y un monto máximo de $969.60 ( USD 110 aprox) mensual.
 

Con esta propuesta, el BCR busca regular las transacciones realizadas a través de dispositivos móviles. Este servicio financiero, hasta la fecha, sólo es ofrecido por Tigo Money, para los clientes de la telefónica Tigo.
 

Con esta ley, afirmó el diputado del CD, Douglas Avilés, presidente de la Comisión, acabaría “la discusión de si es o no legal  la actividad que realiza Tigo Money en el país”.
 

Así, la iniciativa del BCR indica que una persona no podrá enviar, a través de operaciones de banca móvil, más de un salario mínimo del sector comercio, que actualmente es de $242.40. Además, los usuarios no podrán acumular, en un mes, más de cuatro salarios mínimos de ese mismo sector, que equivale a $969.60.
 

Tigo Money, en su página web, indica que un usuario puede hacer hasta cuatro transacciones al día, pero establece límites por operación, por día y por mes, dependiendo del tipo de servicio que se use. Los límites por transacción van desde los $50 hasta los $1,500; mientras los límites mensuales oscilan entre $50 y $5,000 en moneda local. 

 

Autorización de la SSF  
 

Para emitir el dinero y administrar sistemas de pagos móviles o cercanos a su residencia, las empresas estarían bajo la figura de “sociedades proveedoras de dinero electrónico” -anónimas de capital fijo- y serían autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y vigiladas por el BCR.
 

Estas sociedades deberán constituirse con un capital de un $1 millón. Los bancos, cooperativos,  y sociedades de ahorro y crédito también quedarían facultados para proveer dinero electrónico.
 

Estas entidades podrán crear un registro de dinero electrónico al presentar DUI y si es extranjero, pasaporte o carné residencial.
 

Dentro de las obligaciones, el proveedor deberá establecer con anticipo las comisiones y recargos de sus operaciones.  Cumplir con la “política conoce tu cliente” y prevención de lavado de dinero y otros activos, y financiamiento al terrorismo.
 

Deberán proporcionar sin restricción alguna, la información de sus clientes de dinero electrónico les solicite a la Unidad de Investigación  Financiera de la Fiscalía General de la República, por lo que deberán guardar la documentaciones de las operaciones en un plazo de cinco años.
 

El anteproyecto dice que las entidades que a la vigencia de esta ley prestan servicios regulados en la misma, tendrán un plazo de 70 días para presentar a la Superintendencia un plan de adecuación e implementarlo en los siguientes seis meses, para obtener su autorización.
 

La propuesta del BCR llegó a la comisión, pero deberá dársele iniciativa de ley para que entre al Congreso y sea discutida. Además deberán definir un mecanismo que propicie consultas con las operadoras, Fiscalía, Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) y entidades bancarias, dijo el diputado Avilés.
 

En 2011, el BCR y el entonces Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), hoy Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal); así como la SSF y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmaron un acuerdo para impulsar los servicios de banca móvil en El Salvador.
 

Las suscripciones de telefonía móvil en el país superaron los 8.6 millones al cierre de 2012, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), de las Naciones Unidas.
 

Fuente: el tiempo