El país presidido por Sebastián Piñera se ubica en el 34º puesto a nivel mundial, mientras Perú quedó en el 42º lugar y Colombia en el 43º dentro del listado sobre el clima empresarial de los países.

Asimismo, se encuentran por encima del promedio regional México (53º); Panamá (55º); Guatemala (79º, y del que se remarca su avance); y Uruguay (88º). En tanto que en el subsuelo del ranking de América Latina aparecen Venezuela (181º, y donde se tarda 144 días en abrir un negocio); Bolivia (162º); Ecuador (135º); Honduras (127º); y la Argentina (126º).
 

El estudio, titulado Doing Business 2013: entendiendo las regulaciones para las pequeñas y medianas empresas, valora positivamente la "convergencia" hacia una progresiva eliminación de los requisitos burocráticos que se ha extendido en el mundo durante los últimos años.
 

De Chile se destacan el establecer procedimientos en línea para facilitar la apertura de una empresa (al igual que Perú); facilitar el registro de propiedades utilizando una base de datos electrónica de cargas y gravámenes; y la protección de los inversores autorizando el acceso a toda la documentación corporativa durante el juicio.
 

En el caso de Guatemala, el BM subraya que se hicieron más sencillos los trámites del pago de impuestos de las empresas. La ampliación o la introducción de sistemas de presentación y pago en línea, así como la simplificación de los formularios, fueron los elementos más comunes de las reformas de esta economía en materia tributaria.
  

Por su parte, Singapur es el mejor país para hacer negocios a nivel mundial y al podio lo completan Hong Kong y Nueva Zelanda. Al top ten de las naciones con la regulación más favorable en el rubro, que apenas registra cambios respecto al año pasado, lo completan los Estados Unidos, Dinamarca, Malasia, Corea del Sur, Georgia, Noruega y el Reino Unido.
 

"Las economías con los procesos regulatorios más costosos y complejos, y las instituciones legales más débiles están adoptando gradualmente algunas de las mejores prácticas observadas en los países con mejor desempeño", afirmó Augusto López-Claros, director del Departamento de Análisis e Indicadores Globales del BM en rueda de prensa, al destacar la mejora en el aérea del África subsahariana.
 

Tan sólo en el último año se implementaron 238 reformas de regulaciones empresariales en 114 economías, lo que significa un 18% más que el año anterior.
 

En el listado de 188 países, las economías que registraron mayores avances en el último año fueron: Ucrania (quedó en el 112º puesto); Ruanda (32º); Rusia (92º); Filipinas (108º); Kosovo (86º); Djibouti (160º); Costa de Marfil (167º); Burundi (140º); Macedonia (25º) y Guatemala (79º).
 

El reporte, que elabora anualmente el organismo internacional con sede en Washington desde hace 11 años, señala que el promedio global para abrir un negocio es de siete procedimientos y 25 días. Mientras que cuando se inició el estudio el tiempo medio era de 50 días.
 

No obstante, López-Claros agregó que pese a la convergencia todavía hay "una gran diversidad de experiencias entre los emprendedores". Mientras en Nueva Zelanda se necesita medio día para abrir un negocio, en el caso de Venezuela, que ocupa uno de los últimos lugares, se requieren 144 días.
 

Por su parte, España pasó del puesto 44º al 52º en el ranking, en línea con la tendencia a la baja de varias economías europeas frente al avance de países emergentes. En la clasificación, Portugal ocupa el puesto 31º, Francia el 38º e Italia el 65º.
 

Asimismo, el Banco Mundial reconoce que "el Estado juega un papel primordial en el desarrollo del sector privado" y afirma que no se trata de reducir el tamaño del Gobierno, sino de fortalecer las instituciones públicas y clarificar y garantizar el marco regulatorio.
 

Como parte negativa, el organismo internacional apunta que los Gobiernos de Oriente Medio y el Norte de África son los continúan enfrentándose a "complejos retos para mejorar su entorno regulatorio empresarial en medio de un clima de inestabilidad política y social".
 

Los datos del informe se basan en las regulaciones aplicables a las pequeñas y medianas empresas locales en una decena de áreas de su ciclo de vida, entre las que se encuentran la apertura de un negocio, la obtención de electricidad, el registro de propiedades, obtención de crédito y la protección de inversores.
 

Fuente: EFE