En una reunión con autoridades del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu) a la que asistieron Lorenzo y su equipo de técnicos, se dialogó sobre las preocupaciones de los comerciantes ante el proyecto de ley de inclusión financiera que busca dar impulso a los medios de pago electrónicos.
 

Una de las principales inquietudes son los aranceles que los emisores de tarjetas les cobran a los comercios.
 

El gerente general de Cambadu, Adrián Cabrera, dijo a que Lorenzo les manfiestó que "se estaría estableciendo que llegado determinado volumen de transacciones con débito" el arancel "baje".
 

Como el proyecto de ley establece la obligatoriedad del pago de sueldos con medios electrónicos (por ejemplo, cuentas bancarias), esto hará que la tenencia de tarjeta de débito crezca. El plazo máximo para poner en práctica esta medida es de tres años y "solamente con eso alcanzaría" para concretar la rebaja de aranceles.
 

"Por lo manifestado por el ministro, todo indica que se le pondrá una especial atención a los comercios de cercanía, que representan el 70% del mercado de alimentación, higiene y bebidas. Queremos ver que eso se transforme en acciones especiales", dijo Cabrera.
 

Otro tema que aqueja a los comerciantes es la retención de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que los afectará al vender con tarjeta de débito. Esto ocurre porque los consumidores pagarán con un descuento de dos puntos porcentuales en el impuesto. Según está previsto, esos dos puntos no ingresarán a la "caja" del comercio y quedarán retenidos como crédito a favor para pagar obligaciones con el Banco de Previsión Social (BPS) e Impositiva, al igual que ocurre hoy con las tarjetas BPS Prestaciones y Uruguay Social. Eso complica el "flujo de caja" los comerciantes.
 

Las autoridades de Cambadu dijeron a Lorenzo que no es necesario un sistema de retención, ya que "en la medida en que la transacción es electrónica, la información está". "El ministro se vio dispuesto a tratarlo", afirmó Cabrera. Los técnicos de ambas partes mantendrán contactos para asegurar la implementación del sistema.
 

Fuente: El País, Uruguay