El proyecto de ley que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé enviar al Parlamento uruguayo a la brevedad, tiene como principal objetivo universalizar el acceso de familias de bajos recursos y micro y pequeñas empresas a cuentas bancarias e incentivar el uso de los medios electrónicos de pago.
 

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Raúl Palacios, dijo que "bajar la presión fiscal es importante" para el consumidor, ya que así "dispone de más posibilidades de compra, al pagar a menor precio". "El cliente va a comprar más cosas con la misma plata y el empresario va a facturar más", agregó.
 

Palacios también resaltó como positivo que la iniciativa permitirá "eliminar a aquellos que no cumplen con sus obligaciones fiscales". Así no habrá diferencias entre "empresarios cumplidores de obligaciones" y el resto, ya que con mayor cantidad de transacciones electrónicas mejorará la eficiencia de la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI).
 

Los comerciantes minoristas también consideran positivo el proyecto de ley, pero tienen reparos por los costos que enfrentarán. "Sabemos que el tema del plástico es una tendencia y también que la autoridad fiscal debe contar con más elementos de control. Eso lo compartimos un 100%", dijo el presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu), Mario Menéndez.
 

Pero el empresario sostuvo que los aranceles que cobran los emisores de tarjetas (de débito y crédito) "siguen siendo extremadamente elevados para el comerciante".
 

"A manera de ejemplo, en todas las tarjetas de crédito con la rebaja de dos puntos de Impuesto al Valor Agregado (IVA) el ahorro real para el consumidor es 1,64%. Por esa misma venta, el comerciante tiene que pagar 4,5% más IVA de arancel. En las compras con débito, si el IVA baja a 18%, el ahorro para el consumidor es algo más del 3%, mientras que el costo para el comerciante por el pago de aranceles está en el entorno del 3% IVA incluido", explicó Menéndez.
 

Con esos números, "ganan las tarjetas, que cobran más aranceles, gana la DGI, que tiene más recaudación, y más información, y una pequeña ganancia tiene el consumidor. El comerciante es el que, si lo apurás, está perdiendo. Por cada venta pasa a pagar más por aranceles", agregó.
 

A fines de 2011, Cambadu anunció un acuerdo con los emisores de tarjetas para bajar los aranceles hasta los niveles actuales. "Eso nos ayudó mucho porque lógicamente bajaron los aranceles, que para nosotros eran prohibitivos, pero también el plástico se masificó", dijo Menéndez. A su juicio, "sería bueno que a medida que se `tarjetiza` más la cosa, los aranceles vayan bajando", ya que los emisores de tarjetas "van a ganar mucho igual" y así "le darían un poco de aire a los comerciantes".
 

Competencia
 

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que para concretar las aspiraciones del proyecto se tratará de generar la participación de "nuevos actores que actúen decididamente en el sistema promoviendo una mayor competencia".
 

Lorenzo afirmó que el proyecto está diseñado para que la sociedad termine con la misma presión fiscal que antes de la introducción de las herramientas de inclusión financiera. "Pero con otra distribución. Los que no tienen (presión fiscal) la van a tener y quienes cumplen con sus obligaciones van a obtener los beneficios", señaló el jerarca durante un desayuno organizado por la revista Somos Uruguay.
 

"Claramente queremos actuar limitando prácticas oligopólicas hoy vigentes" en los mercados, donde las herramientas de la inclusión financiera tienen necesidad de actuar, sostuvo el ministro.
 

Expresó que la nueva normativa no fue creada con un único fin, pero que uno de los fundamentales es desincentivar el uso de efectivo. "Quiero recordar que hace siglos y décadas atrás las modalidades de pago eran distintas a las de hoy. No es cierto que todo el capitalismo siempre funcionó con la estructura y los instrumentos de pago que hoy conocemos", afirmó Lorenzo.
 

Agregó que no puede plantearse que un proyecto de este tipo tenga como única motivación aumentar el número de clientes de las instituciones financieras, ni tampoco sea un marco legal para implementar la baja de la tasa de IVA básico.
 

En esa misma línea, indicó que tampoco -aunque forme parte de la normativa- es un programa para fomentar el ahorro en los jóvenes para el acceso a la vivienda o para impulsar exclusivamente la eficiencia de los mercados de crédito. "Ninguna de estas razones ayudan a entender cuáles son las motivaciones y los fundamentos estratégicos que tiene para Uruguay avanzar en temas que forman parte de este proyecto", dijo.
 

Fuente: El Pais, Uruguay