En el verano, la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) recorrió puntos de venta y comprobó que el 80% de los comercios no contaba con un POS habilitado que les permita a los clientes abonar sus compras a través de una tarjeta de crédito o débito.
 

Las cámaras empresarias que nuclean a los comerciantes "levantaron la voz" y cuestionaron las decisiones de los órganos recaudadores del Estado provincial y nacional.
 

Paralelamente, la AFIP ratificó que todos los establecimientos deben aceptar esa forma de cancelación y, además, que no pueden vender a un precio más bajo por pago en efectivo.
 

La obligación de utilizar este sistema rige para aquellos que realicen operaciones de venta de bienes con consumidores finales o presten servicios de consumo masivo, según la resolución general del fisco 1166/2001, que se basa en una norma emitida en la época en que Domingo Cavallo era ministro de Economía.
 

Sin embargo, los comerciantes se resisten a implementarlo argumentando que no sólo es es ilegítimo obligarlos sino que, además, "es un servicio privado pago ofrecido por los bancos". 
 

En relación a esto último, suelen esgrimir que las comisiones que cobran son muy elevadas.
 

Remarcan, a modo de ejemplo, que en los países desarrollados es del 0,5%, mientras que en la Argentina es del 3%, a lo que se suma el hecho de que el POS cuesta, al menos, unos $300 por mes.
 

En este contexo de fuego cruzado entre los fiscos y los comercios, la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados avaló un proyecto de ley -que ahora deberá ser aprobado por la comisión de Presupuesto y Hacienda- a fin de que sea tratado en el recinto.
 

Para su impulsor, Horacio Pietragalla, la iniciativa resulta fundamental para formalizar y profundizar la obligación ya dispuesta en el artículo 47 del Decreto Nº 1387/01.
 

Además de exigir el POS, la iniciativa prohíbe los "descuentos" ofrecidos a los consumidores por pago en efectivo.
 

Qué dice el proyecto
 

La propuesta indica que el establecimiento que comercialice artículos para consumo final está obligado a aceptar la tarjeta de débito.
 

La autoridad de aplicación (la AFIP) podrá establecer -por razones fundadas- los montos mínimos por debajo de los cuales no regirá esta obligación, así como los comerciantes que podrán quedar exentos por el carácter de su actividad.
 

El costo que le insuma al empresario adoptar este sistema podrá computarse como crédito fiscal del IVA, hasta el límite que a permita el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
 

También indica que los obligados no podrán fijar un precio distinto por cancelación en tarjeta de débito ni ofrecer un descuento por pago en cash.
 

Por otro lado, estipula que los comercios deberán exhibir en el sector de cajas un cartel (provisto por la AFIP) en el que se comunique esta obligación y los medios para denunciar su incumplimiento.
 

El ente recaudador deberá abrir una línea telefónica gratuita en la cual se podrá denunciar a quienes incumplan alguna de estas obligaciones.
 

Dicho incumplimiento será asimilado a la no entrega de facturas o comprobantes y pasible de las sanciones económicas.
 

De acuerdo con el impulsor del proyecto, la iniciativa resulta beneficiosa en múltiples aspectos. Por un lado, considera que servirá para disminuir la evasión fiscal en comercios y, por otro, promueve el uso de la tarjeta de débito, que resulta una herramienta fundamental para evitar el traslado de dinero en efectivo.
 

"Gracias al avance tecnológico y a la bancarización hoy en día casi la totalidad de los usuarios y consumidores posee una tarjeta de débito o bien pueden contar con un fácil acceso a la misma", sostuvo Pietragalla.
 

Sin embargo, advierte que muchos argentinos se encuentran con la imposibilidad de utilizar el dinero electrónico por decisión de los comerciantes y prestadores de servicios, que se niegan a aceptar pagos por ese medio, quizás con la idea de no dejar rastros de las transacciones realizadas con el fin de declarar ante el fisco una facturación menor a la real.
 

Cuadro de situación
 

Hace pocos días, el legislador Hugo Maldonado (UCR-Chaco) presentó un proyecto de ley para requerir al Ministerio de Economía que haga cesar de inmediato las fiscalizaciones e inspecciones que el fisco nacional viene realizando en pequeños comercios del interior del país.
 

"Alegando la falta de cumplimiento del decreto 1387/2001, la AFIP quiere imponer a todas empresas medianas y pequeñas la obligación de contratar el sevicio de POS que les acarrea mayores costos, en un contexto de retracción del consumo”, sostuvo.
 

En ese sentido, Maldonado señaló que "la colocación del servicio resulta a menudo inaccesible para muchos pequeños comerciantes por el gasto mensual que implica en cuanto a mantenimiento y línea fija”.
 

En tanto, la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) sostuvo que "el sistema de tarjetas es un negocio entre privados", por lo que consideró que el hecho de que "el Estado obligue a un particular a que contrate el servicio de otro particular, es total y absolutamente inconstitucional, ya que atenta contra la libertad de contratación y el derecho de libre elección”.
 

“La única obligatoriedad de medio de pago que puede establecer el Estado es la moneda de curso legal", señalaron desde la Federación.
 

Para los tributaristas, una solución podría ser el dictado de una norma del Congreso para así reglamentar la libertad de comerciar.
 

En ese caso, si se plantea la inconstitucionalidad, en última instancia, la Justicia tendría la palabra definitiva. En caso de avalar la norma, los locales deberán adaptarse a la misma y sumar un costo más a su actividad.
 

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) afirmó que los pequeños comercios no tienen la estructura necesaria para afrontar los costos de ventas con tarjeta de débito y crédito, cuyos cargos oscilan entre 1,5% y 3,5% sobre ventas.
 

Además, en las operaciones de pago electrónico los establecimientos también sufren las retenciones de impuestos varios sobre los créditos en sus cuentas bancarias. En caso de Ingresos Brutos puede llegar hasta 11%, a cuenta de lo que debe pagar con la presentación de la declaración jurada.
 

El secretario de la CAME, Vicente Lourenzo, recalcó que la principal oposición de la Confederación a la medida está vinculada con "el alto costo que representa para el pequeño comerciante", con el agravante de que la avanzada del fisco se da en un contexto de retracción del consumo. 
 

En este sentido, sostuvo que "mantener el POS significa una erogación mensual importante. Además, hay que sumar las retenciones y percepciones impositivas y las comisiones que cobran las empresas que brindan el servicio".
 

Sobre este punto, Lourenzo especificó que los gastos llegan al 3% para operaciones de tarjeta de crédito y al 1,5% para las de débito.
 

A esta quita sumó otro factor, no menor por cierto, como los plazos para hacerse del dinero, lo que puede traer complicaciones a los comerciantes al momento de tener que pagar el alquiler del local o diferentes servicios. 
 

"Por transacciones con tarjetas de crédito, las demoras para cobrar pueden ser de 18 días hábiles. Pero si, por ejemplo, la operación se hubiese realizado el 15 de marzo pasado, feriados de por medio, esos 18 días hábiles en realidad terminan convirtiéndose en un mes completo", detalló Lourenzo.
 

Fuente: iprofesional.com